jueves, 25 de octubre de 2012

Ibañez pidió la absolución de Olea

Gerardo Ibañez, defensor particular de Enrique Braulio Olea quien era jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181, solicitó la nulidad del debate y la absolución su cliente como de sus subordinados, al sostener que estos juicios exceden el marco de la legalidad en todo sentido.
Ratificó que la cuestión de tiempo razonable no es un tema menor asegurando que esto ha afectado seriamente los derechos de la defensa al querer reconstruir hechos del pasado que hasta su propio defendido no recuerda. “El transcurso del tiempo no es gratis para nuestra memoria, la afecta o cofunde”. A su vez afirmó que el actual juicio, “ha dilatado por un errático comportamiento  del Estado Nacional que resuelve actuar bajo el atropello a los derechos fundamentales hacia los imputados–en referencia a los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional -. Acá las defensas somos la parte débil de todo ésto. Tenemos que soportar el poder politivo del Estado que es enorme”.
 
Rechazó la acusación por genocidio presentada por la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH). “Solicitaron penas de prisión perpetua, sin embargo los delitos en los cuales han encuadrado las conductas de los imputados, todos ellos están dentro de penas temporales. Ninguna habilita penas de prisión perpetua”.
A Enrique Braulio Olea se le reprocha la participación necesaria en el acondicionamiento de La Escuelita, de las supuestas guardias externas de la misma, y de haber aportado racionamiento y alojamiento a las tropas agregadas, y a las intervenciones de oficiales que pertenecían a los cuadros del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 (Vitón y Gaetani). “El cometido de refaccionar un lugar y acondicionarlo no tenía porqué llamarle la atención al Sr Olea. Y si hubiera sabido, cosa que no está probada y además ha sido negada por mi asistido, de que ese iba a ser lugar destinado al alojamiento de detenidos no tenía porqué sospechar que eso pudiera construir un delito. Además,  ¿qué posibilidad tenia de revisar esa orden que no era manifiestamente  ilegal?”. Sostuvo que el fallecido general José Luis Sexton dijo muy claro que “fue una orden de él, que el teniente coronel Olea no tenía ninguna injerencia, no podía ni siquiera ingresar ahí –refiriéndose a La Escuelita-, y que todo movimiento de persona que hubiera en ese lugar era ajeno a las responsabilidades y facultades”.  
Certificó que la función de Olea era de constituirse en el lugar y garantizar el normal funcionamiento de las instituciones y el normal desarrollo de los aspectos básicos para la convivencia natural.  Afirmó que la tarea del batallón era la del patrullaje que se realizaban con uniforme militar donde se identificaba el nombre de cada uno de los oficiales y suboficiales, con vehículos militares. “De esas acciones nada se puede decir del teniente coronel Olea, esa era la función que tenía que cumplir.”
“El 24 de marzo fue uno de los días más tranquilos de la Republica Argentina. Se podía caminar en cualquier calle, soy testigo”. Agregó  en referencia a la comisión militar que se instaló en la comisaría de Cipolletti, donde  Gustavo Vitón era el interventor que “claramente los movimientos militares que hubo en todos los pueblos y ciudades del interior fueron para garantizar el normal desempeño de los elementos fundamentales para el desarrollo social”.
El debate Oral y Público continuará hasta el viernes con los alegando los defensores oficiales Peralta, Gabriela Labat y Alejandra Vidales.

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