Letrados sorprendidos ante la sentencia

El presidente del Tribunal, Dr. Orlando Coscia, anunciando el veredicto

 El Tribunal Oral Federal de Neuquén  condenó ayer a trece represores en el marco del juicio conocido como “La Escuelita II”, con penas que van de los 8 a los 23 años de prisión domiciliaria, pero absolvió a 8 imputados  entre ellos policías de la provincia de Río Negro. Ante el veredicto, la sorpresa fue un denominador común no solo para víctimas, testigos, y familiares, sino también entre las partes acusadoras.

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), representado por las abogadas Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazabal, manifestaron su desagrado ante el hecho.  Coincidían en que el tribunal no reconoce la verdad histórica del país, sino que alienta a que las fuerzas represivas sean utilizadas contra los trabajadores del pueblo cuando salen a reclaman por sus derechos. “Estamos indignadas, conmovidas por el dolor y la bronca que tienen los sobrevivientes. Esto es una clara muestra y un claro mensaje de impunidad sobre todo para una de las instituciones fundamentales del genocidio que fue la policía de Río Negro.”, afirmaba la Dra. Dal Bianco. A su vez, Natalia Hormazabal añadía: “Es una sentencia terrible, es increíble, presentaremos el recurso de casación correspondiente. Creemos que no tiene nada de positivo además de mantener la condición procesal de cada uno de los genocidas, esto es dejarlos en sus cómodas prisiones de sus domicilios, excarcelados por las calles”.  

Por su parte, la Dra. Paola Rubianes afirmó que la sentencia no era la que esperaba. Sus  defendidos, Molina Ezcurra y San Martín, fueron condenados a 19 años. “No estoy de acuerdo porque no hay ninguna prueba en su contra, aunque valoro la coherencia del tribunal en algunos casos como las absoluciones", subrayó.  A su vez, destacó que los jueces hayan sostenido las excarcelaciones y prisiones domiciliarias.

El abogado defensor de Oscar Ignacio Del Magro, Rodolfo Ponce de León, afirmó: “creo que las condenas son justas, son ajustadas a derecho. Hay gente que cree que la única condena justa es que se de cadena perpetua o cosa por el estilo, y no es así. En muchos casos me parece que son un poco excesivas, pero es una cuestión de pareceres”. En cuanto a las absoluciones, manifestó estar de acuerdo con la decisión del tribunal al advertir que está esclarecido de que la comisaría de Cipolletti no fue un Centro Clandestino de Detención. Por otro lado, destacó que "el trabajo de la acusación, en termino de practica penal, recayó en el ministerio público. Los demás cabalgaron sobre el trabajo del ministerio público y le agregaron consignas políticas. Acá no hay  que agarrárselas ni con los defensores ni con los jueces, hay que agarrárselas con los que tenían el trabajo de acusar y no acusaron”.

En respuesta a esto último, Juan Cruz Goñi, abogado querellante por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), sostuvo que “si  es parte de un juego político en el sentido de que estos juicios fueron el resultado de una lucha que se ha dado los organismos de derechos humanos, las madres de plaza de mayo, los sobrevivientes, los familiares, los compañeros y compañeras que han puesto el cuerpo para que estos juicios sean posibles. En ese sentido creemos que involucra cuestiones políticas, pero eso no le quita ni un ápice a las responsabilidades jurídicas que se han ventilado  en estos juicios que son claramente las que hemos probado”.  En cuanto a la sentencia del tribunal, consideró que fue una falta de respeto a los testigos víctimas y sobrevivientes  que tenían la  esperanza de obtener una condena justa, un mensaje simbólico que no se encontró claramente en este fallo. Agregó que“la serie de absoluciones que hubo en ese plano nos parece repudiable. Las penas han sido todas ellas muy bajas, ha habido incongruencias muy fuertes en la forma de juzgar. Penas más altas para Camareli y más bajas para Vitón por ejemplo, que es algo inexplicable”.