Alegato del Ceprodh

Querella del Ceprodh

Las doctoras Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazabal, querellantes por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), consideraron más que demostrada la responsabilidad de los imputados en el obrar genocida. Acusaron en representación de 37 de las 38 víctimas, porque consideran que José Luis Cáceres fue parte del aparato represivo.

Hormazabal hizo una construcción histórica de la etapa previa al golpe de estado en la región, enfatizando en el accionar la intervención del rector interventor Dionisio Remus Tetu en la UNCo y UNS, donde Raúl Guglielminetti fue un eje central de la banda parapolicial. A su vez, criticó la decisión del ex juez federal Guillermo Labate al extender la causa en varios tramos ya que a su entender debieron ser juzgados todos los imputados en conjunto.

Dal Bianco apuntó que los sobrevivientes estaban orgullosos de pertenecer a una organización que buscaba cambiar el mundo, y ese fue el enemigo señalado plan de organización en asenso. Ahondó sobre la existencia del centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita” y que el mismo que existió dentro de un circuito represivo donde resaltó que la comisaría de Cipolletti y de la Federal fueron parte del mecanismo.

Solicitaron la petición condenas al tribunal en nombre de “los compañeros y compañeras que están desaparecidas y desaparecidos, en nombre de Jorge Julio López, con la bandera de su aparición con vida en alto, en nombre de los trabajadores, del pueblo pobre y de los que luchan hoy como luchaban ellos ayer”. Exigieron así, cadena perpetua para Oscar Reinhold, Gustavo Vitón, Alberto Camarelli,Hilarión de la Pas Sosa, Enrique Olea, José Luera, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Julio Oviedo, Enrique Casagrande, Raúl Guglielminetti y Antonio Laurella Crippa. 30 años de cárcel para Miguel Quiñones, Jorge Gaetani, Oscar Del Magro, Máximo Maldonado, Serapio Barro, Emilio Sacchitella, Gerónimo Huircaín, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef.